Tras una baja, una oferta de «solo cobro si gano» puede parecer clara, pero el coste depende de si el porcentaje se aplica a atrasos, mensualidades futuras o mejora de pensión. Con una pensión de 1.000 € y 8.000 € de atrasos, la diferencia puede ser relevante.
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No hay tarifa legal: importa la base del porcentaje
No existe una comisión obligatoria para el abogado laboralista que reclama una incapacidad permanente: los honorarios se pactan y deben figurar en la hoja de encargo profesional , incluyendo importe, IVA, gastos y momento de pago.
¿Sobre qué dinero se aplica el porcentaje?
El porcentaje puede aplicarse a importes muy distintos. Los atrasos de pensión son las mensualidades acumuladas desde la fecha reconocida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) hasta el cobro ordinario. Un 15 % sobre 2.000 € son 300 €, pero sobre 24 pagas de 1.000 € asciende a 3.600 €, antes de IVA.
Cuota litis, modelo mixto o tarifa fija
La cuota litis implica cobrar una parte del resultado favorable; el modelo mixto combina una provisión inicial y un porcentaje sobre el resultado; y la tarifa cerrada fija un precio por fases. En todos los casos, conviene comprobar si IVA, peritos, recursos y desplazamientos están incluidos.
Antes de aceptar un «solo cobro si gano» , pida por escrito cuatro datos: porcentaje, importe sobre el que se calcula, número de mensualidades incluidas e IVA. Sin esos cuatro datos no puede comparar dos propuestas.
El mismo 15 % cambia al contar 24 pagas
El mismo porcentaje puede multiplicar el coste final según las pagas incluidas. Las cifras siguientes son ejemplos orientativos, porque la base reguladora depende de cotizaciones y contingencia.
Grado y ejemplo Base aplicada Honorarios 15 % IVA 21 % Importe neto Total, 770 €/mes y 2 atrasos 1.540 € 231 € 48,51 € 1.260,49 € Total, 770 €/mes y 24 pagas 18.480 € 2.772 € 582,12 € 15.125,88 € Absoluta, 1.400 € y 2 atrasos 2.800 € 420 € 88,20 € 2.291,80 € Gran incapacidad, 2.000 € y 2 atrasos 4.000 € 600 € 126 € 3.274 €
Total cualificada: el ejemplo más sensible
Una incapacidad permanente total impide la profesión habitual, pero permite otro trabajo compatible. Si la pensión es de 770 € y el despacho cobra el 15 % de 24 pagas, la base asciende a 18.480 € y el coste con IVA alcanza 3.354,12 €.
Absoluta y gran incapacidad
La incapacidad permanente absoluta inhabilita para toda profesión u oficio. La gran incapacidad añade la necesidad de ayuda de otra persona para actos esenciales y lleva un complemento.
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La cuantía de la pensión de incapacidad no debe confundirse con los honorarios del abogado de incapacidad permanente. Como referencia general, la incapacidad permanente total suele reconocer el 55 % de la base reguladora de la incapacidad y puede alcanzar el 75 % en la modalidad cualificada cuando concurren los requisitos legales. La incapacidad permanente absoluta equivale habitualmente al 100 % de esa base reguladora, mientras que la gran incapacidad parte también del 100 % e incorpora un complemento destinado a atender la necesidad de ayuda de otra persona.
Estas reglas están sujetas a topes, cuantías mínimas, pagas y circunstancias personales, por lo que una pensión de incapacidad concreta no se calcula solo multiplicando un porcentaje.
La hoja de encargo evita pagar fases no incluidas
La hoja de encargo debe indicar qué incluye el precio y qué ocurre si el asunto llega a juicio o recurso. La reclamación previa ante el INSS, la demanda ante el Juzgado de lo Social y los recursos son fases distintas.
Siete puntos que deben constar
El porcentaje y su base de cálculo. El IVA aplicable. Las fases y recursos incluidos. Los gastos suplidos. El coste de desistir o cambiar de abogado. El momento de pago. Si existe un límite máximo de honorarios. Perito, procurador y desplazamientos
Los informes de peritos médicos privados no son honorarios del abogado y pueden presupuestarse aparte. También puede haber gastos de desplazamiento o procurador cuando proceda.
En la vía administrativa ante el INSS, el principal coste suele ser el presupuesto del profesional elegido, ya sea una tarifa fija de abogado, una cuota litis por incapacidad o un modelo mixto de honorarios. Si el caso llega al Juzgado de lo Social, la persona trabajadora o beneficiaria normalmente no paga tasas judiciales por reclamar una prestación de Seguridad Social y, por regla general, no necesita procurador. Sin embargo, pueden aparecer costes distintos de los honorarios, como un informe pericial médico, copias clínicas, desplazamientos o una segunda valoración especializada.
Conviene pedir un presupuesto separado para cada partida y confirmar si la fórmula «solo cobro si gano» se aplica también al juicio y a los recursos.
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El 75 % de la total no es la comisión del abogado
El 75 % de la incapacidad permanente total cualificada es un porcentaje de pensión, no un honorario profesional. Se refiere al porcentaje de la base reguladora que puede cobrar el pensionista si cumple las condiciones legales.
Qué significa total cualificada
La incapacidad total cualificada puede elevar la pensión al 75 % de la base reguladora para personas de 55 o más años con especial dificultad para encontrar otro empleo. El INSS decide el grado; el abogado solo cobra lo pactado por escrito.
Cuándo el porcentaje no sirve para decidir
El consejo sobre porcentajes no basta si se ofrece una tarifa cerrada, si solo se pide una consulta puntual o si existe asistencia jurídica gratuita. Tampoco extrapole una oferta a otro caso: la fase procesal, los informes médicos y los recursos pueden cambiar el presupuesto.
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Preguntas frecuentes
¿Cuánto cobra un abogado por una incapacidad?
Puede cobrar tarifa fija, porcentaje o modelo mixto. Revise si incluye reclamación previa, juicio, IVA y recursos.
¿Qué porcentaje suele cobrar un abogado?
Un 10 %, 15 % o 20 % cambia según se aplique a atrasos, pagas futuras o mejora de pensión.
¿El abogado cobra el 75 % de la incapacidad total?
No. El 75 % corresponde a la pensión de incapacidad total cualificada; los honorarios dependen del contrato firmado.
¿Hay abogados gratis para incapacidad permanente?
La asistencia jurídica gratuita puede ser posible si cumple los requisitos de la Ley 1/1996.
La asistencia jurídica gratuita puede solicitarse cuando la persona acredita insuficiencia de recursos económicos conforme a los criterios de la Ley 1/1996. De forma general, se valoran los ingresos y patrimonio de la unidad familiar y se utilizan límites vinculados al IPREM, que varían según la composición familiar. La petición suele presentarse ante el Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de la Abogacía o ante el órgano judicial competente.
Su concesión puede incluir abogado y, cuando sea necesario, otros profesionales, pero no presupone que todo informe médico privado quede cubierto. Solicitarla antes de contratar permite comparar esta alternativa con el porcentaje pactado de forma privada con un abogado laboralista.
Antes de firmar, convierta el porcentaje en euros
Pida al despacho cálculos escritos para el escenario con atrasos y para el que incluya mensualidades futuras.
Lo esencial: Un porcentaje sin base de cálculo no permite conocer el coste real. El IVA y los gastos de perito pueden elevar el importe final. El 75 % de la total cualificada pertenece a la pensión, no al abogado. La hoja de encargo debe identificar fases, recursos, desistimiento y fecha de pago.
Fuentes de interés
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